El pasado sábado 10 llegaron al departamento de San José, integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para visitar la zona de balneario Arazatí y a su vez mantener una reunión con la bancada de ediles del Frente Amplio para informarles de su opinión negativa a la realización del llamado proyecto “Neptuno”, que implicaría la toma de agua desde el Río de la Plata para abastecer una parte de la zona metropolitana.
La delegación estuvo integrada por Carmen Sosa y Nicolás Ferreira, en representación de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), y Anahit Aharonian y Nelson Altieri, que participan de la comisión nacional, representando a la sociedad civil. Sobre el mediodía la delegación estuvo en Arazatí y luego, a partir de las 14 horas, mantuvieron el encuentro con los ediles frenteamplistas.
INICIATIVA | El proyecto Neptuno es una iniciativa presentada por un consorcio conformado por cuatro empresas vinculadas a la construcción: Sacem, Berkes, Ciemsa y Fast, que pretende construir una toma de agua desde la zona de Arazatí hasta algún punto en la zona de Melilla, para abastecer la zona este del área metropolitana, que según las estimaciones oficiales podrían llegar a tener dificultades en el corto plazo. Se trata de una obra de 80 kilómetros de extensión cuyo costo total podría superar los 250 millones de dólares.
El emprendimiento fue anunciado por el presidente Lacalle Pou en su comparecencia en el Palacio Legislativo, al cumplirse el primer año de gestión y ha merecido distintos cuestionamientos, ya que implicaría la participación de privados en el comercio del agua, algo que constitucionalmente está expresamente prohibido, tras el plebiscito del año 2004.
Precisamente, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida -integrada por FFOSE y otras organizaciones sociales-, que nació en el año 2002 para “promover el cometido de defender el dominio público estatal de los servicios de agua y saneamiento, gestionados con participación social”, es la que mayor oposición hace ante este nuevo proyecto, que permite la intervención de privados en el “negocio” del agua.
AGUA NO ADECUADA | Nelson Altieri, un médico veterinario que es parte de la comisión nacional, dijo que en su visita a San José del pasado sábado, percibió que hay mucho desconocimiento respecto al Proyecto Neptuno, en el que entiende que “está en juego no sólo la parte económica, por el gasto que supone el proyecto, sino que también está en juego la salud pública del 60% de la población uruguaya”.
A la hora de explicar por qué la comisión se opone al proyecto, explicó Altieri que “nos encontramos que hay un proyecto que va a salir mucho dinero, se calcula que entre 150 y 200 millones de dólares, para trabajar un agua muy bruta, muy complicada para potabilizar, pero además, tenemos otras fuentes para tomar agua, no sólo el río Santa Lucía, sino que hay otras alternativas con la represa de Casupá y otros proyectos que se pueden ampliar, que permiten que en lugar de tomar agua del Río de la Plata, seguir tomando agua de donde estamos acostumbrados, del Santa Lucía y las represas, que es un agua mucho menos complicada para potabilizar y a la que todos estamos acostumbrados”.
Otra situación que incomoda a la comisión es la confidencialidad del proyecto. “Te diría que 80 o 90% del proyecto no lo conocemos y nosotros como comisión, como arte y parte según el artículo 47 de la Constitución (que fuera reformado por plebiscito), tenemos que conocer qué está pasando, tenemos derecho a conocer qué está pasando”, dijo Altieri.
Consultado respecto a qué tanto avance tiene el proyecto Neptuno, Nelson Altieri dijo que “por lo que se nos dijo en marzo el proyecto estaría pronto o casi pronto, el problema es que no se ha dado a conocer”.
“No nos queremos encontrar con que se haga esta inversión privada, en condiciones que no deberían ser las adecuadas. No nos queremos encontrar con que el proyecto ya está pronto y están armando todo, eso sería mucho más difícil de parar”, mencionó el integrante de la delegación que el sábado estuviera en San José de Mayo.
En referencia a cuál es la estrategia de la comisión en procura de evitar la concreción de este proyecto, que entienden que es privatizador, dijo Altieri que “lo primero es intentar hacer conocer lo que se sabe del proyecto, que para nosotros es inviable, porque potabilizar agua del Río de la Plata tiene un costo altísimo, porque el agua bruta del Río de la Plata no es fácil de tratar. No es una potabilización común la que hay que hacer”.
Otro cuestionamiento que hace la comisión es que con este costoso proyecto “se va a producir agua para el 30% de la población de la zona metropolitana. Si se generara un problema con el río Santa Lucía, lo que aportaría Neptuno no alcanzaría para toda el área. Tampoco es que estemos ante un plan A”.
EL SANTA LUCÍA | En opinión del integrante de la comisión en defensa del agua y la vida, no debería de haber problemas de abastecimiento desde el río Santa Lucía. “El problema es que no se está cuidando esa agua. La OSE dice que dentro de sus campos de batalla está el cuidado de los agrotóxicos, otro es poner prácticas agrícolas adecuadas y lo otro es usar nuevas sustancias para potabilizar. El tema es que el cuidado de los agrotóxicos todavía no se ha dado, es una utopía, se siguen tirando agrotóxicos. Tampoco se han dado muestras de prácticas agrícolas adecuadas que cuiden el agua”, mencionó Nelson Altieri.
El veterinario comentó que el alto nivel de confidencialidad que tiene el proyecto “obedece a que es parte de un proceso de privatización del agua. Aún no entendemos cómo va a ser la relación entre empresa privada y OSE y queremos saberla porque los procesos de privatización son complicados”.
Otro elemento que preocupa a la comisión en defensa del agua es que “potabilizar esto va a tener un costo altísimo, un costo más alto que tenemos con la potabilización del agua del Santa Lucía y estos costos la empresa no los va a absorber, sino que los va a trasladar a las tarifas”.
Respecto a su visita a la zona de Arazatí, dijo que dialogaron con vecinos y percibió que “la gente de Arazatí y Boca del Cufré está muy preocupada, porque el emprendimiento va a incluir a bastantes hectáreas de la zona”.
En su comparecencia ante los ediles frenteamplistas y luego ante los medios de San José de Mayo, la dirigente de FFOSE Carmen Sosa, insistió en que el proyecto Neptuno es “inconstitucional”, ya que viola la norma aprobada en plebiscito en el año 2004 y ese es uno de los caminos que emprendería la comisión -apelar a la inconstitucionalidad-, para que el proyecto que no se concrete.
