La Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que encabezó el plebiscito del año 2004 que estableció, mediante el artículo 48, en la Constitución que la gestión, producción y distribución del agua debe estar en manos del Estado, se reunía el fin de semana para analizar el informe del director Edgardo Ortuño sobre el proceso que está siguiendo OSE para la concreción del proyecto Neptuno, ya que es el principal insumo que tienen para trabajar, más allá de declaraciones de jerarcas del gobierno sobre su intención de concretar este proceso.
Carmen Sosa, ex dirigente de FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE), e integrante de la comisión dijo que el proyecto del gobierno “es inconstitucional por muchísimas razones”, pero además no cumple el objetivo primordial de un proyecto de esta naturaleza, que es suplir a la usina de “Aguas Corrientes”, si ocurriera un problema. “Va a cubrir un tercio”, por lo que entiende que “esto no es un plan B”.
Pero la integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, va más allá y dice que la Constitución es clara, en el sentido de que “el plan debe ser discutido por una amplia mayoría de gente. La gestión de los recursos hídricos tiene que contar con la participación, gestión y control de todos, algo que acá no pasó”.
Consultada concretamente si la comisión pretende encarar alguna acción para oponerse al plan, mencionó Carmen Sosa que ellos están haciendo todos los días, pero “nosotros somos sólo un actor más de la sociedad civil, llevamos adelante la reforma, que es una herramienta que la oposición no la está tomando, porque la Constitución prohíbe el camino que el gobierno tomó”.
Sosa entiende que la oposición política, “a estas alturas debía haber determinado que esto es inconstitucional y tomar acciones legales” y añadió que el informe del director Ortuño (ver nota aparte), “está tomando esto como un hecho consumado”.
“Esto no puede ser un hecho consumado, más allá de lo que diga el proyecto, está mal desde el nacimiento, porque hay una ley, la 18.610, que bajó a tierra la reforma constitucional, que dice claramente que todos los emprendimientos sobre el agua deben pasar por las comisiones de cuenca y por los consejos regionales. Hay estructuras armadas de discusión de nuestros recursos hídricos y esto no pasó por ningún lugar”, mencionó Carmen Sosa.
En opinión de la ex funcionaria de OSE “ni siquiera tendríamos que estar hablando de un proyecto. Podrá ser el mejor proyecto -que no lo es-, pero está mal desde el punto de vista constitucional porque no cumple lo que dice ni la Constitución ni la Ley”.
“Hay que discutir el método por el cual se llegó a este proyecto. Hay que hacer énfasis en eso y no discutir del proyecto en sí”, opinó Carmen Sosa, que luego comentó que “ellos (el gobierno), dicen que van a convocar a la Comisión de Cuenca cuando esté listo el proyecto, pero eso no es así, no es lo que dice la Constitución; eso es informar a la población, no es participar”.
“La participación de la sociedad civil consiste en la construcción del proyecto. Participar significa ‘está tal problema, bueno, nos sentamos todos a ver la forma en que lo resolvemos’, con la participación de todos los actores, pero no hacer una reunión para que nos informen lo que van a hacer”, mencionó Sosa, que opinó que el gobierno “está poniendo la carreta antes que los bueyes”.
Consultada sobre cómo actuarán de ahora en más, Carmen Sosa dijo que el gobierno seguirá avanzando por el camino que tomó, “nosotros tendremos que ver cómo le ponemos freno”, aunque descartó la posibilidad de promover un referéndum por algo que es inconstitucional. “No tiene sentido, pero habrá que consultar a un abogado”, dijo.
Imagen: Camen Sosa en acto en acto por el agua en Rafael Perazza.
Por Javier Perdomo.
