El Colegio de Abogados de San José, hace una valoración “insatisfactoria” sobre el servicio que está brindando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tras el cierre de la Oficina de Trabajo en Libertad y aspira a que se retome el servicio en forma completa. A su vez, la organización que nuclea a juristas de todo el departamento, ofreció su colaboración a la Suprema Corte de Justicia, para la etapa de implementación de la normativa que llevará que todas las tareas de registro que realizan los juzgados de paz del interior, sean realizadas por los municipios o las intendencias.
La abogada libertense Alicia Velázquez, es parte de la Directiva de la filial San José de Colegio de Abogados y al ser consultada sobre el balance que hace la organización del cierre de la Oficina de Trabajo dijo que el colegio tiene “una valoración totalmente insatisfactoria, ya que quedó una cosa que es muy buena, que es el asesoramiento al trabajador, pero se eliminó la posibilidad de hacer en la localidad (gente de Libertad y de los lugares cercanos, Kiyú, Colonia Italia, Rincón del Pino), todo lo que tiene que ver con la parte preventiva de los conflictos laborales, que son las audiencias previas a un juicio, que es una herramienta además de obligatoria, muy positiva, porque hay un alto índice de transacción en esa instancia”.
“En ese ámbito se obtienen importantes soluciones en la medida en que todo el mundo quiere evitar el conflicto judicial, por ser más largo y más complejo. Es una forma de liquidarlo pronto, dejando cada uno de lado sus razones o pruebas, arribando a una solución de un eventual conflicto”, agregó la profesional.
OTROS INVOLUCRADOS | Pero además, continuó explicando, “la Oficina de Trabajo tiene otras actividades que no se refieren a la empresa, al trabajador y a sus vínculos. Hay otras profesiones y otras actividades que necesitan una actividad presencial en la oficina, que hoy se derivan a la oficina de Ciudad del Plata (CDP), y que no aparecen tan claras en las estadísticas”.
“Si miramos cuántas citaciones hay en el Ministerio de Trabajo en relación a audiencias previas en conflictos laborales y lo comparamos con CDP, es indudable que Libertad tiene menos porque la conflictividad es diferente, la forma de comunicación es diferente, la densidad de población es diferente y el tipo de ocupación es diferente. CDP tiene fábricas y otro tipo de instalaciones, la oficina de Libertad concentraba más reclamos del área rural o comercial”, comentó Velázquez, quien explicó que no surgen de las estadísticas todas esas gestiones que deben hacer otros profesionales como puede ser que “se les ponga un sello que es necesario sí o sí para autorizar determinadas actividades, por ejemplo en la construcción o inspecciones que se realizan y la documentación deben quedar en la Oficina”.
“Cuando se planteó la situación el Ministerio dio una muy buena señal, restableciendo parte del servicio sobre el asesoramiento al trabajador. En virtud de ello, nosotros fuimos por más, porque entendemos que la zona no puede perder los servicios que tiene”, mencionó la abogada, que explicó que están generando acciones en conjunto los abogados con esos otros profesionales que han resultado afectados, para mejorar el servicio que se brinda en la ciudad.
Mencionó que han realizado informes conjuntos y que tienen pendiente un encuentro con una alta autoridad del MTSS para discutir el tema. “Nosotros hemos pensado en varias posibilidades. Sin la necesidad de un arrendamiento, reinstalar la oficina en algún espacio cedido y que los funcionarios profesionales, venga algún día a la semana -que quede establecido-, para retomar lo que se perdió para conquistar nuevamente el servicio que perdimos, porque no estamos dispuestos a perderlo”, dijo Alicia Velázquez.
“Hay buena disposición, se elevó una nota, han habido entrevistas telefónicas, hay que tratar de darle forma a la propuesta y rescatar el tema. Estamos en esa lucha”, agregó la profesional.
REGISTRO | En los primeros días de febrero, la Suprema Corte de Justicia y el ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, se reunieron con el Congreso de Intendentes para analizar la viabilidad de comenzar a traspasar a las intendencias o municipios algunas funciones del registro civil que hoy realizan en el interior los jueces de paz y que debería comenzar a efectivizarse antes del 31 de diciembre de 2021, según fuera votado por el Parlamento en la vigente Ley de Presupuesto.
Las nuevas tareas que realizarán las intendencias y/o los municipios implican el casamiento de personas, la inscripción de las que nacen y la expedición de partidas de defunción. Según información del Colegio de Abogados, San José sería uno de los departamentos en que se aplicaría primero esta nueva normativa y es por eso que los juristas se han puesto en contacto con los municipios para ofrecer su colaboración en la implementación.
Dijo Alicia Velázquez que “la Suprema Corte de Justicia convocó al Ministro de Educación y Cultura para empezar a practicar lo que ya está previsto, que es que lo que funciona como Registro del Estado Civil se pueda llevar a las intendencias y municipios. Tengo entendido que San José estaría en muy buenas condiciones, a nivel digital y en servicios, para que se comience el cambio por acá, por lo que el Colegio ha ofrecido lo necesario para colaborar en el proceso”.
Continuó explicando Velázquez que “la registración incluye todo lo que son los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y hay otras tareas no tan visibles como por ejemplo las rectificaciones de partidas, son todas actividades referentes al Registro del Estado Civil que son más de índole administrativa y están como accesorias en los juzgados de paz en el interior (en Montevideo el Registro del Estado Civil ya funciona de forma autónoma). Hoy el Oficial del Registro Civil es el Juez, es quien suscribe todos los actos que se materializan en las declaraciones que se hacen de nacimientos, defunciones y de matrimonio. Es una tarea administrativa, que tiene que tener control judicial porque está bajo normas legales y constitucionales, pero no es la tarea intrínseca de un magistrado”.
Aclaró la abogada que la implementación de estos cambios será parte de un proceso que aún el Colegio de Abogados no tiene claro cómo se instrumentará. Además, dijo, antes de comenzar a hacerse efectivo debe haber un proceso de instrucción de los funcionarios que vayan a realizar la tarea.
Por Javier Perdomo.
