La posible instalación de una planta potabilizadora de agua con su pólder en la zona de Arazatí, en lo que se ha dado en llamar Proyecto Neptuno, es una permanente sucesión de hechos, informaciones y repercusiones. Hacer el corte, definir hasta dónde llegar con lo informado se vuelve complejo. En los últimos días, el movimiento que se opone a la concreción del proyecto lanzó “Miremos Arazatí”, el otro movimiento, el que se opone al pólder y no a la potabilizadora concurrió a la Junta Departamental y logró que una mayoría integrada por ediles de los tres partidos le pidiera a la Intendente que aplicara medidas cautelares sobre las tierras de Arazatí; ésta fue terminante al decir no. Por último, el viernes, se conoció la respuesta del abogado Ceretta a la apelación de OSE.
LANZAMIENTO | El sábado 27, el colectivo de organizaciones sociales reunidas en el nodo “No al proyecto Neptuno–Arazatí”, lanzó su campaña “Miremos Arazatí”, a partir de la que pretenden que se declare a esa zona del departamento como “reserva natural”. La campaña incluye un concurso fotográfico, para que con la excusa de fotografiarlo, más gente conozca el lugar.
Fueron parte de la actividad, integrantes del colectivo “Los Tucu-Tucu”, la docente universitaria Ana Lía Ciganda y María Selva Ortíz del Movimiento Nacional en Defensa del Agua y la Vida (MNDAV).
Al hacer uso de la palabra Ana Lía Ciganda, dijo que el proyecto Neptuno “ha puesto en el tapete esta zona que previamente a que se hablara del Neptuno era una zona desconocida para la gran mayoría del país”. La campaña y en particular el concurso fotográfico, “es una excusa para poner en valor mucho de las riquezas que tiene este lugar”.
Según dijo Ana Lía Ciganda, es muy grande la riqueza que tiene la zona “desde el punto de vista ambiental, social y cultural el lugar” y es por esto que “es necesario” discutir el Neptuno “a nivel del territorio”. Agregó que apuntan que “este territorio se vea como una reserva natural, más que como un territorio de sacrificio, que es lo que podría ser si se implanta la planta potabilizadora”.
Ciganda dijo más adelante que “el proyecto está en proceso de evaluación de impacto ambiental y que eso va a implicar que habrá instancias de participación pública. Vamos a instar a la gente a que haga comentarios, planteando las preocupaciones que se puedan tener en esa etapa de consulta. Instamos a la gente que se mueva, hay distintas formas de manifestarse y queremos que se muevan”.
Consultada María Selva Ortíz respecto a los trámites de expropiación de tierras que continúa realizando OSE mientras está en vigencia la medida cautelar de no innovar, dijo que “OSE no debería haber continuado con las expropiaciones, no es que tenga un impedimento legal, sino moral. Debería atender la independencia de los poderes y haber acatado la orden de no firmar el contrato y suspender esto”.
“OSE no está dando ninguno de esos mensajes y cuando pedimos información siempre tenemos que acudir a la Justicia porque por las otras vías no se ha podido acceder. No tiene un impedimento, pero sí debería haberlo parado. Estos trámites se deberían haber frenado y aparte esas tierras hay que recategorizarlas con ordenamiento territorial; ahí se tiene que disparar eso otro en la Junta Departamental y el gobierno departamental”, dijo Ortíz.
El concurso fotográfico tiene dos categorías, diurna y nocturna. El ganador recibirá 150 dólares de premio, el segundo la oportunidad de participar de un curso de fotografía y edición y el tercero la impresión y exposición de 10 fotos. Los trabajos deben enviarse a concursoarazati@gmail.com hasta el 20 de agosto.
EN LA JUNTA | Esto ocurrió el sábado 27 pero el lunes 29 continuaron las novedades porque el colectivo de vecinos y productores que se oponen al pólder y no a la planta potabilizadora, concurrieron a la sesión de esa jornada del deliberativo departamental, buscando respaldo a su preocupación. Y la encontraron, porque el FA ha estado en contra del proyecto desde los inicios y porque un buen número de ediles blancos y el colorado, no tuvieron otra que respaldar la postura de un sector de la sociedad que se ajusta al perfil de votantes de la actual coalición gobernante.
Así fue que surgió una moción aprobada con 19 votos en 27 ediles presentes por la cual se le solicitó a la Intendencia dictar medidas cautelares sobre los terrenos en los que se construiría el Neptuno. La decisión del deliberativo llevó a confusión a muchos medios nacionales a raíz de un posteo en la red social X que realizó el abogado Juan Ceretta, que decía que los ediles habían votado medidas cautelares, una potestad que no tiene la Junta Departamental, que solo debe respaldar o rechazar las medidas que pudiera aplicar la Intendencia.
La expectativa que se había generado en torno a este pedido fueron de raíz cortadas por la propia Intendente. “La Intendencia no va a tomar medidas cautelares, por el simple hecho de que en este caso concreto no tenemos la competencia para hacerlo”, le respondió por carta al medio de San José Visión Ciudadana. Agregó a su fundamento que el Neptuno es un proyecto del gobierno nacional y no tiene injerencia el gobierno departamental.
La que fue también inmediata fue la respuesta del Frente Amplio, que mediante un comunicado de prensa, expresó su “profundo rechazo a esta decisión que desconoce una moción aprobada por todos los partidos políticos del Legislativo Departamental en defensa de los derechos de los ciudadanos del departamento” y su “preocupación por la indiferencia y la falta de compromiso del Ejecutivo Departamental ante la problemática planteada por vecinos y vecinas que en su mayoría son productores rurales”.
En la sesión que se realizaba en la noche del lunes 5 de agosto en la Junta Departamental (al cierre de esta edición), el Frente Amplio y el edil colorado Alfredo “Nito” Lago, presentaban una moción para plantear llamar a sala a la intendente Bentaberri, “a efectos que explique su postura sobre el proyecto Neptuno”.
TRIBUNALES | A su vez, la vía judicial sigue corriendo y el viernes se conoció el texto de la respuesta a la apelación a la medida cautelar de no innovar que el juez Recarey le aplicó a la firma del contrato para la construcción del proyecto Neptuno, elaborada por el abogado Juan Ceretta y los alumnos de la Clínica de Litigio de la UDELAR.
En un documento de 72 páginas, al que tuvo acceso La Semana, Ceretta y su equipo comienzan argumentando que las apelaciones interpuestas tanto por OSE como por el propio Ministerio de Ambiente son “un claro ejemplo de ‘go fishing’, es decir, una búsqueda indiscriminada de argumentos, presentando planteos subsidiarios”, con “el único fin de evitar discutir y resolver, en un proceso principal con más garantías, todas las objeciones de las organizaciones sociales y la comunidad científica nacional acerca de un proyecto de tanta relevancia para el país” como lo es éste.
Más adelante plantea Ceretta que “con la interposición de la apelación realizada por el Ministerio de Ambiente, lo único que cabe formular es un manto de dudas respecto a si el Ministerio de Ambiente es garante de la tutela medioambiental o es promotora del proyecto”, en tanto que luego establece que si Recarey no hubiera dictado sus medidas cautelares, “el contrato con el Consorcio ya habría sido firmado, a pesar de no contar siquiera con la Autorización Ambiental Previa”.
MALA FE | Como nueva prueba ante los integrantes del Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, Ceretta presentó “la última versión del contrato, realizada en abril de 2024, para ser firmada entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo”, que establece que “el contratista tendrá un plazo de 90 días contados desde la firma del Contrato para obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP)”.
Según dice Ceretta en su escrito “esta versión no fue la presentada por la propia OSE al momento de oponerse a la realización de la audiencia citada”, lo cual “denota su mala fe en todo este proceso”.
En sus conclusiones, la respuesta de Ceretta dice a los jueces que “las diversas manipulaciones de la información, escondiendo características del proyecto y funciones del consorcio asignadas por el contrato previsto, así como no presentar la última versión del contrato, constituyen sencillamente artimañas para justificar una posición insostenible” y “evidencian que es un hecho consumado que el proyecto se va a aprobar sin importar los impactos ambientales graves que causará, cuya firma era inminente si no hubiese recaído la sentencia impugnada”.
Agrega luego que “los argumentos científicos, jurídicos y económicos expuestos y probados en autos exponen la inconveniencia de esta iniciativa que pone en riesgo la seguridad sanitaria de más del 60% de la población del país, tratándose de un proyecto claramente inconstitucional, ya que el Estado Uruguayo no puede depender de la gestión privada en fases necesarias e imprescindibles del proceso de abastecimiento de agua potable, el cual debe ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Por último pide Ceretta que se mantenga la medida cautelar, “en el sentido de ordenar a OSE que se abstenga de firmar el contrato con el Consorcio, radica en otorgar a la sociedad el espacio necesario dentro de un proceso principal con todas las debidas garantías para las partes para suspender –aunque sea de manera transitoria–, un proyecto sobre el cual no tenemos garantías suficientes sobre el cumplimiento de los objetivos en los términos propuestos hasta tanto el proyecto se adecúe a los términos constitucionales, se realicen los estudios de impacto ambiental y de ordenamiento territorial, y se proporcionen garantías respaldadas por la comunidad científica en relación con la sostenibilidad y calidad del agua potable proveniente del Río de la Plata”.
Imagen de archivo.
Por Javier Perdomo.
