Las declaraciones del presidente saliente Luis Lacalle Pou a su llegada al Hipódromo de Maroñas para presenciar el Gran Premio Ramírez el pasado 6 de enero, respecto a su intención de firmar el contrato para la construcción del llamado proyecto Neptuno en San José antes de dejar el cargo, generó la inmediata respuesta de los movimientos sociales que se oponen al cuestionado emprendimiento y anuncian una marcha para este jueves 16 a las 15 y 30 frente a la Presidencia de la República.
En efecto, al ser consultado por medios nacionales a su llegada al espectáculo hípico, fue consultado sobre el Neptuno y dijo que ya tenía una decisión tomada respecto a que va a firmar el contrato para que se construya la planta potabilizadora de agua, cuestionando la opción una represa en Casupá, opción promovida por el gobierno entrante.
“La represa de Casupá es la misma fuente de la cual se nutre la cuenca del Santa Lucía. Por eso si la cuenca de Santa Lucía no tiene agua, Casupá tampoco”, dijo el Presidente, que añadió que él es de “la tesis de que el agua para uso humano no debe ser embalsada, debe ser posiblemente corriente, porque ante una contaminación de cualquier producto en un embalse, se complica después la potabilización”.
La respuesta no se hizo esperar y los colectivos que están en contra del proyecto emitieron una declaración en la que rechazaron lo dicho por el Presidente ya que entienden que es “una iniciativa que genera serias preocupaciones en materia legal, ambiental y de derechos humanos.
Según la Coordinadora por el Agua, “no existe consenso sobre la seriedad y la eficacia” del Neptuno y entienden que los únicos que “defienden y promueven el proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, el actual presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente que desde los inicios ha actuado como fiel promotor, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país”.
Los colectivos consideran que “es imprudente realizar la firma” del contrato cuando el proyecto “tiene observaciones legales sin resolver”. La declaración establece que de avanzarse con la firma del contrato es “una decisión que podría comprometer la economía del país y exponer a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles”.
Dicen luego que utilizar el Río de la Plata “como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y podría generar costos operativos insostenibles”.
Por último, agregan que el contrato del Neptuno “pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada el consorcio Aguas de Montevideo, un acto que viola principios fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable”. También sostienen que el Neptuno es una “amenaza para el Acuífero Raigón”.
“Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos”, culmina diciendo la proclama difundida.
En la jornada de este lunes 13 de enero, se anunció que el jueves 16 a partir de las 15 y 30 habrá una movilización en Plaza Independencia de Montevideo, frente a Presidencia de la República, bajo la consigna “Hasta que se cancele el Proyecto Neptuno”. La convocatoria la realiza la Coordinadora por el Agua.
Imagen tomada de la web.
Por L.S.