La Unidad de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC -Presidencia de la República), inició un expediente a partir de la negativa de la Junta Departamental de San José a entregar el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), sobre la gestión económica del período 2013 -2014 en el deliberativo, que La Semana solicitó a partir de lo que establece la ley de acceso a la información pública.
Según informó Mariana Gatti, de la Unidad de Acceso, el caso presentado por este medio fue analizado el viernes 1° de junio en AGESIC y se encontraron méritos para iniciar la acción, ante lo cual la propia Junta Departamental envió una notificación informando de la reserva de la información solicitada, aunque ahora tiene 10 días hábiles -desde que el jueves 7 La Semana fue notificada que debía realizar un trámite web para que se continuara con la acción-, para responder a nuestra demanda, tras lo cual es AGESIC la que define cómo sigue la querella. Gatti estimó que sobre inicios de la próxima semana podría haber novedades.
EL CASO | Tras conocerse públicamente que los ediles en la Junta Departamental habían definido que solo los coordinadores de bancada pudieran ver el documento en que se analizaba la gestión del ex presidente de la Junta Departamental Nelson Petre -años 2013 y 2014-, en La Semana nos preguntamos por qué los ciudadanos no podíamos conocer el contenido del documento. La decisión fue inmediata, apelar a la ley 18381, de Acceso a la Información Pública, ya que desde que rige esta ley -2008-, no se concibe la existencia de documentos secretos (menos los referidos al comportamiento de un funcionario público), salvo en casos en que peligre la seguridad nacional. En este caso, lejos está de ocurrir eso y por eso fuimos en busca de transparencia.
Tras llegar el pedido de La Semana, la Junta Departamental de San José no demoró ni medio minuto en dar respuesta de la imposibilidad de brindar la información solicitada, ya que tomando como modelo una respuesta anterior a otro medio, nos informó que el deliberativo está amparado por el artículo 113 del Código Civil viejo, que “obliga a la reserva”.
El mencionado artículo establece que «cuando una persona es conducida o citada a una sede judicial como indagada por la comisión de un presunto delito, antes de tomarle la primera declaración, se le intimará la designación de un defensor que lo patrocine y si no lo hiciere, se designará Defensor de Oficio». Luego menciona que «los indagados y sus defensores tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, salvo resolución fundada del Juez basada en la posible frustración de las pruebas a diligenciar».
Más adelante dice que «el presumario tendrá carácter reservado» y cesa el carácter reservado porque se dictó el auto de procesamiento, se dispone el archivo de las actuaciones o porque ha transcurrido un año desde el inicio de las actuaciones presumariales».
Poco claro es que se apele a este artículo, de un código no vigente, para no dar información sobre una investigación por sospechas de peculado de un representante electo.
Ante la negativa de la Junta Departamental, La Semana buscó el asesoramiento del Centro de Archivos y acceso a la Información Pública (CaINFO), que explicó los pasos a seguir para interponer un recurso ante la negativa de la autoridad a brindar la información solicitada.
OTRA PARA LA JUNTA | En relación a San José, CaINFO también se expresó en las últimas semanas sobre el caso que involucró al colega Jorge Gutiérrez Pérez de San José, que en su momento fuera cuestionado por el edil del Partido Nacional Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental.
El comunicado de dicha organización dice que «en el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez. En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez. La dirección de la radio respaldó al periodista».
«Desde CAinfo reiteramos que según la normativa vigente todo funcionario público, y más si ocupa un cargo electivo, como es el caso, está sujeto a que su gestión sea investigada. La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública».
Por Javier Perdomo.
