En su edición del pasado jueves, el semanario Búsqueda publicó una nota en la que informa sobre el acuerdo al que llegaron el Estado uruguayo y el periodista de San José David Rabinovich (ex Director del semanario San José Hoy), después de más de 10 años, a partir del cual el Estado reconoce que su comportamiento frente a una solicitud de información realizada por el periodista en 2006, significó “una limitación al ejercicio de su derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
El acuerdo se concretó luego de la acción de amparo que Rabinovich presentara frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinado por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), y IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), luego que la Justicia uruguaya no hiciera lugar a las demanadas presentadas por el periodista.
Tras haber agotado la posibilidad de reclamar en el país, en mayo de 2008 Rabinovich se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando que Uruguay había violado los derechos consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular aquel que garantiza el acceso a la información pública.
Según la nota de Búsqueda, la demanda de Rabinovich fue presentada en 2008 y “aunque el Estado uruguayo fue convocado y manifestó su voluntad de iniciar un diálogo con el periodista para alcanzar una solución amistosa, no fue hasta octubre del año pasado que dicho acuerdo fue logrado”. El acuerdo inicial implicaba una compensación económica de siete mil dólares, pero como ese punto trancó la negociación los accionantes desistieron de incluirlo en el acuerdo final, que fue firmado en octubre del año pasado.
El artículo de Búsqueda, destaca que el caso de Rabinovich fue clave en la discusión sobre la pertinencia de contar en el país con una ley de acceso a la información pública, algo que se concretó en octubre de 2008, con la aprobación de la Ley 18381, que en este año cumple sus primeros 10 años de vigencia.
La Semana se contactó con el periodista de la ciudad de San José, para conocer detalles de la demanda, sus conclusiones sobre el proceso y el valor que le dá a la mencionada ley.
LOS HECHOS | El periodista comenzó explicando los hechos que motivaron todo el periplo legal nacional e internacional. Allá por el año 2006 en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de San José, concurrió el entonces contador de la IMSJ, Linder Reyes. En aquella oportunidad un edil del Frente Amplio -el libertense Daniel Campanella, quien en esos momentos era parte del FA-, pidió que se grabara la sesión por las dudas que tuviera que repasar algo.
Según Rabinovich, “en esa conversación, Linder Reyes dijo, palabras más, palabras menos, ‘vieron que el Presupuesto está prolijo, pero ustedes saben cómo es, después Juan (el entonces intendente Juan Chiruchi), hace lo que quiere’”.
“Ese comentario me parecía relevante desde el punto de vista político, por eso pedí la grabación, pero primero me dijeron que no, que había un mp3 que no grabó y el Edil que pidió la grabación no reclamó nada, que no precisaba la grabación, que estaba todo bien”, explicó Rabinovich.
Contó el periodista retirado, pero que continúa escribiendo notas que se publican en diversos medios escritos de todo el país, que “a partir de ahí surgió toda una polémica en la que incluso algunos periodistas de la ciudad de San José dijeron que ellos tenían fuentes, que no había por qué pedir grabación ninguna, pero yo como periodista me inclino por tratar de tener algún documento sobre las cosas y las declaraciones las tomo como eso, declaraciones”.
Añadió Rabinovich que el parte de la idea que “declare quien declare siempre hay un interés de por medio; yo podré filtrar, interpretar, relativizar, pero la declaración, sobretodo cuando es declaración de un político tiene un sesgo mientras que el documento, es un documento, tiene otro valor distinto a la declaración, porque una declaración yo puedo malinterpretarla por eso creo que la respuesta escrita es una cosa más seria”.
CORTES INTERNACIONALES | Ante la negativa recibida, Rabinovich accionó ante la Justicia para pedir la información solicitada, pero “en aquel momento la Justicia uruguaya para nada entendió que yo tenía derecho y que la gente tenía derecho a saber lo que había dicho el contador Reyes en esa reunión. Eso incidió en una polémica más general, que tenía que ver con el acceso a la información. Se discutía si era necesaria una ley de acceso a la información y eso se dejó de discutir, lo que se empezó a discutir fue qué ley era la mejor, este caso fue uno de los que incidió para que exista una ley de acceso a la información pública en Uruguay”.
Ante la clausura de las vías judiciales nacionales, es que se tiene acceso a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias al patrocinio de APU y por IELSUR, que le plantearon que había que seguir ese camino. “Eso es mérito de ellos, yo no ví la importancia de hacerlo”, confiesa Rabinovich y de inmediato aclara que “tenían razón”.
Recuerda el periodista que el proceso en CIDH fue “larguísimo, 10 años de negociaciones y en el medio pasó de todo y se trancó por diversas circunstancias. En este proceso fueron claves la figura del entonces director de CAInfo y actual “relator especial para la libertad de expresión” de la CIDH Edison Lanza (abogado y periodista de extensa carrera en Búsqueda y otros medios nacionales e internacionales), y el abogado de IELSUR Martín Prats. Aclaró Rabinovich que el dinero que se pidió en principio no solventaba ni la mitad de lo que invirtieron el sindicato de los periodistas y el instituto en llevar adelante este juicio. “Hubo que viajar a Panamá, a Washington y muchos otros gastos. Los 7000 dólares era una cifra simbólica que no alcanzaba para nada. Te imaginarás que yo solo no podría haber afrontado económicamente todo este proceso”, comentó Rabinovich.
LA LEY | El periodista se refirió luego a la importancia de contar en el país con una Ley de Acceso a la Información Pública. Aclaró primero que el derecho que obtener información pública “no es solo para los periodistas, quizás para los periodistas sea particularmente importante, pero en general el acceso a la información pública, es más utilizado y necesario para las empresas que para los periodistas. En el mundo la utilizan las empresas porque hay información que necesitan tener por razones de competitividad o de competencia”.
Según el periodista “la ley uruguaya tiene algo muy interesante que es que la puede ejercer cualquier persona; cualquiera que quiera preguntarle a cualquier organismo algo, puede y no se le contesta solo si hubo una declaratoria previa de reserva y eso se puede aplicar en muy pocos casos”. A su vez cree que su mayor debilidad “es que si un jerarca no cumple con la ley no hay sanción personal”.
Entiende Rabinovich que “la ley 18381, bien usada es una herramienta formidable y todavía no se está usando de la forma que se podía usar. La ley es muy buena y creo que es equivocada la actitud de los periodistas que prefieren hablar con el jerarca”.
Al comentarle que hay una inmediatez que a veces hace difícil esperar las respuestas pedidas, dijo el periodista que “esa es la tensión normal entre el inmediatismo y el periodismo, es pensar que la información y la noticia son sinónimos, vos podés ir atrás de la noticia o ir detrás de la información y tienen valores diferentes y una utilidad social diferente”.
Por Javier Perdomo.
