Política

Las objeciones del director Edgardo Ortuño al proyecto de una planta potabilizadora en Artazatí

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En la pasada edición, dimos cuenta de una entrevista que le realizara el programa En Perspectiva de Emiliano Cotelo al presidente de OSE Raúl Montero, en la cual éste explicara el proyecto privado de construcción de una planta potabilizadora de agua desde la zona de Arazatí, en el Río de la Plata, que no cuenta con el respaldo explícito de la oposición, representada por el profesor Edgardo Ortuño (VA-FA), quien hace un par de semanas atrás estuvo reunido con la bancada de ediles frenteamplista, para explicar su posición, en base a un documento que le presentara al presidente del Frente Amplio Javier Miranda.

En el documento Ortuño menciona que “la actual administración ha promovido la presentación de iniciativas privadas para la realización de obras y proyectos vinculados al cumplimiento de objetivos fundamentales de nuestra empresa pública. Las ha venido analizando sin espacios de participación alguna, excluyendo a la oposición, a pesar de tratarse de aspectos que implican decisiones que afectan a futuro a varias generaciones, que trascienden largamente a una administración y por ello deben ser objeto de políticas de Estado”.

Ortuño aclara que su pronunciamiento se basa en la limitada información a la que ha tenido acceso debido a la escasa información que se le aporta, a la vez que expresa su preocupación porque “los lineamientos impuestos por la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), se aplica una reducción significativa del presupuesto de OSE. Una decisión que consideramos francamente inconveniente y contradictoria con la apertura a iniciativas que confirman la necesidad de realizar obras relevantes. Sostener y aumentar los niveles de inversión para garantizar la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento, en cantidad y en calidad, es para nosotros una prioridad”.

Según el documento de Ortuño “el régimen de iniciativa privada previsto en la ley Nº 17.555 (reactivación económica), es un instrumento que según cuáles sean los contenidos de los proyectos promovidos con su modalidad puede ser utilizado. Las iniciativas deben aceptarse o rechazarse según contribuyan o no al cumplimiento de los fines de la empresa pública, de acuerdo a planes estratégicos de desarrollo, así como en función de las prioridades definidas por sus estructuras funcionales y autoridades. No resulta conveniente la iniciativa privada si afecta los cometidos esenciales de la empresa estatal, o si se generaliza su uso trasladando la gestión fuera de la misma”, por eso entiende Ortuño que las iniciativas a estudio de OSE “deben procesarse en estricto cumplimiento del marco constitucional que dispone que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

 

NEPTUNO | El documento de Ortuño analiza los proyectos sobre Reducción de Agua No Contabilizada (RANC), de tratamiento de lodos en Aguas Corrientes y de universalización de saneamiento (ver recuadros) , y también el llamado “Proyecto Neptuno para la Mejora de la cantidad y calidad de agua del área metropolitana de Montevideo”, que involucra al departamento de San José, y que incluye la construcción de una nueva toma o captación de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí-Bocas del Cufré, una nueva planta potabilizadora, estación de bombeo de agua tratada y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros de longitud hacia el sistema de Montevideo, que implicará una inversión del entorno de los 200 millones de dólares.

Ortuño informó a los ediles y a Miranda que respecto a este proyecto entendió conveniente avanzar en su realización y presentación del estudio de factibilidad para establecer “sus costos reales y el conocimiento de aspectos fundamentales de la propuesta, que permitan un posicionamiento definitivo sobre la misma”.

De todas formas, Ortuño plantea una serie de interrogantes a despejar sobre el estudio de factibilidad. El Director frenteamplista se pregunta sobre la prioridad estratégica del proyecto y luego establece que “estudios analizados por OSE en 2001, 2013 y 2017 establecen que la alternativa más conveniente para asegurar del abastecimiento de agua potable para el Sistema Metropolitano es la construcción de la Presa sobre el Arroyo Casupá, que permite más que duplicar la capacidad de represamiento actual de agua bruta, pasando de 67 millones de m3 a 185 millones de m3, con un costo de 80 millones de dólares. La ejecución de la Presa de Casupá cuenta con Informe Ambiental Resumen y el Proyecto Ejecutivo finalizado pronto para realizar inmediatamente el llamado a licitación para su construcción, en lo que OSE ya invirtió más de un millón de Euros. A su vez, el proyecto cuenta con financiamiento de CAF aprobado”.

Es por esto que según Ortuño “se requieren sólidos fundamentos para descartar, con el grado de avance que tiene, un proyecto como Casupá, que supone una mejora de la cantidad y calidad de agua potable disponible, sin el cual el 60% de la población del Uruguay estará expuesta a problemas de escasez de agua potable ante posibles escenarios de sequías en pocos años, lo que sucederá si la Planta de Aguas Corrientes, que continuará siendo la más importante del país, no cuenta con los caudales necesarios de respaldo que la obra de Casupá aseguraría”.

“En cuanto a la calidad del agua, la represa permitirá modificar las condiciones del agua bruta mezclando agua proveniente del actual embalse de Paso Severino, disminuyendo las concentraciones de nutrientes y de esa forma mitigar posibles floraciones de algas y cianobacterias. Otro aspecto fundamental a solucionar, es el abastecimiento de agua potable de la Costa de Oro. Para ello, además de otras soluciones complementarias, OSE dispuso la construcción de la Presa sobre el Arroyo Solís Chico y nueva Planta Potabilizadora con una inversión de 20 millones de dólares, obras que no deben postergarse por esta nueva iniciativa. En concreto: debe determinarse la forma en la que el proyecto presentado aportará a la solución del déficit de agua potable planteado a corto plazo en la Costa de Oro y en las zonas de Montevideo abastecidas por la 5ª Línea de Bombeo, y el aporte a mediano plazo para la satisfacción del déficit de abastecimiento de agua potable del sistema metropolitano”.

En cuanto a la viabilidad técnica del proyecto, Ortuño pide que se realice el “desarrollo y fundamento técnico de la solución planteada para la conexión al sistema Montevideo en el Oeste, en tanto no se incluye obras y montos asociados para reforzar el sistema en el Este que es donde se registra la mayor demanda de abastecimiento de agua potable a satisfacer” y “estudios de respaldo sobre la ubicación y los niveles de salinidad de la zona elegida del Río de la Plata a 25 años.

¿PROPIEDAD DE…? | Otra duda que se plantea Ortuño está referida a cuál es el planteo concreto del proyecto para la operación y mantenimiento de la planta e infraestructura conexa. El representante de la oposición en el Directorio entiende que “se debe garantizar el cumplimiento cabal de la Constitución de la República, que en su artículo 47 dispone que ‘el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales’. Es indispensable la determinación clara de la modalidad de contratación planteada para el proyecto”.

Ortuño agrega que expresó su “preocupación por el hecho de que, mientras en el informe de Gerencia General se establece que se trata de un proyecto EPC (diseño, suministro y construcción comúnmente referido como ‘llave en mano’), en la resolución de Directorio se incluyen otras modalidades posibles a estudiar, como DBOM (diseño, construcción, operación y mantenimiento), y BOT (diseño, construcción, operación y transferencia) que implica el otorgamiento de una concesión al privado en la cual luego de un período prolongado el concesionario transfiere la operación a la administración pública, a diferencia del EPC, el que si bien puede incluir actividades de operación y mantenimiento es sólo por un plazo acotado, definido por la administración”.

OTRAS PREOCUPACIONES | Ortuño entiende además que “la situación de disponibilidad de personal del organismo es deficitaria y se tornará crítica comprometiendo la normal prestación de los servicios actuales de OSE debido a la reducción de los dos tercios de  las vacantes aplicada por el Poder Ejecutivo, por lo cual cualquier proyecto serio debe incorporar un plan de reforzamiento del personal con ingresos presupuestados en las áreas clave”.

“Estas propuestas suponen la ejecución de fondos propios de OSE y se financiarían mediante un Fideicomiso. ¿Puede el Organismo hacer frente a las obligaciones financieras que suponen proyectos de esta naturaleza, o se plantea el aporte del gobierno central? Complementando los ingresos percibidos por su facturación, OSE ya tiene emitido un fideicomiso que le permite solventar sus obligaciones actuales, funcionar y cubrir parte de las inversiones. ¿Cómo armoniza en este contexto la emisión de otro fideicomiso millonario en dólares para solventar nuevos proyectos? ¿Se deberán postergar obras previstas y necesarias para la realización del proyecto Neptuno? ¿Cuáles? Determinarlo resulta fundamental teniendo en cuenta que OSE debe prestar servicios a todo el Uruguay, que existen mayores necesidades en el interior y un retraso de inversiones en el resto del país en relación a lo invertido en el Sistema Montevideo, para el cual se pasaría a disponer una inversión adicional de 200 millones de dólares en lugar de los 80 millones que suponía la realización de la obra de Casupá postergada”, dice Ortuño en su documento.

Por último, dice el ex subsecretario de Industria que “un proyecto de esta magnitud amerita, por las consecuencias e impacto a futuro que supondría su realización, un proceso de diálogo y consultas a un nivel político y social amplio sobre los aspectos planteados”.

Por Javier Perdomo.

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