La Junta Departamental de San José acordó con los funcionarios del legislativo retribuirles cuatro de un total de 20 años de liquidaciones de haberes mal pagos. El monto total de la transacción sería de más de seis millones y medio de pesos.
Las partes firmaron el acuerdo el pasado viernes 11 de mayo en horas tempranas de la mañana. Fue con la presencia del presidente de la Junta Departamental Danilo Vasallo, el Secretario General, Andrés Pintaluba, los funcionarios y el abogado de estos. Según lo pautado, la Junta Departamental completará el pago de la deuda en el año 2020.
La primera partida será la que corresponde a la totalidad del salario vacacional. La misma se hará efectiva una vez que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), se expida a favor. Danilo Vasallo, estimó que el TCR no tardará más de una semana en hacer llegar su respuesta.
Posteriormente, los 14 funcionarios recibirán una segunda partida en el mes de setiembre, será el 15% de lo que equivale al total de la dedicación. El dinero restante se pagará en 10 cuotas entre los años 2019 (70%) y 2020 (15%). Según comentó Vasallo a La Semana, ello impedirá que futuras administraciones deban hacerse cargo de esa deuda.
RAZONES | La deuda se generó como consecuencia del cálculo erróneo del salario vacacional y la dedicación de esos trabajadores por un lapso de 20 años. La equivocación provocó que los funcionarios recibieran menos dinero del que en realidad les correspondía. El error en el cálculo se debió a que se tomaba como base el sueldo básico en lugar del nominal como lo establece la norma presupuestal.
El problema se constató a fines de 2017. Fue entonces cuando el TCR autorizó a que la Junta prosiguiera con la búsqueda de un acuerdo con los trabajadores perjudicados. Sin embargo, el órgano decidió observar a la Junta Departamental de San José.
Si bien en enero Vasallo informó que el monto adeudado era “mucho menor” a los tres millones de pesos y que se pagaría en el correr del presente año, la cifra global es ahora de 6.634.821 pesos y a la Junta le llevará tres años saldarla. De todas formas, Vasallo dijo que el monto final podría variar: “se sigue ajustando hasta que llegue la respuesta del Tribunal para tener la cifra final”, comentó.
Por su parte, el plenario respaldó las negociaciones efectuadas por la Presidencia. Fue en la sesión celebrada el lunes 7 de mayo. No obstante, en esa instancia el Frente Amplio formuló cuestionamientos y críticas.
Fue el caso del edil del Partido Socialista, Javier Gutiérrez que al hacer uso de la palabra responsabilizó al Partido Nacional y a los contadores por lo sucedido: “Esto es responsabilidad exclusiva del Partido Nacional y de contadores que eran ejemplo poco menos que para Uruguay y el mundo”, dijo el representante frenteamplista.
Por este tema, existe ahora la posibilidad de que pueda conformarse una comisión investigadora que lleve adelante las averiguaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.
MODIFICACIÓN | El presupuesto del deliberativo se incrementará en unos cuatro millones de pesos uruguayos tras la modificación presupuestal que votará la Junta, en sesión extraordinaria, que se realizaba al cierre de esta edición.
La Junta definió modificar el presupuesto para el período 2018 –2020, para reforzar los rubros afectados, “Tenemos que abrir una modificación presupuestal para poder modificar el rubro cero a los efectos de que se pueda hacer el pago a los funcionarios. Cuando venga la respuesta del tribunal sobre el acuerdo, ya quedamos en condiciones de pagarlo”, dijo el titular del Legislativo departamental.
Según Vasallo la “partida extra” que la Junta le solicitará al Gobierno Departamental “es muy poco”. Explicó en ese marco que el presupuesto se va a incrementar un 0,2 % este año, “es absolutamente nada para los valores que se manejan en el presupuesto quinquenal” argumentó. Vasallo justificó el pedido en el entendido de que el objetivo es “arreglar una situación específica”.
Aseguró en ese marco, que para el Gobierno Departamental, el acuerdo al que se llegó es un “negoción” debido a que se logró evitar que el tema pase a la Justicia. Según opinó, eso habría sido económicamente desventajoso: “En realidad es muchísimo menos lo que la Junta va a tener que pagar en comparación a si hubiéramos ido a un juicio”, comentó.
Por Katherine Martínez.
