Ya todos han hablado y se han escandalizado con el episodio ocurrido en el mes de octubre en el Establecimiento de Rehabilitación (penal), Libertad, que culminó con la remoción del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa. Todo surgió a partir de un informe elaborado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario Juan Miguel Petit, dirigido a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento Nacional.
El informe de Petit y su equipo consta de 15 páginas y además del caso en que falleciera el recluso Carlos Alberto Núñez Santos, analiza la situación general del establecimiento numerado con el 3 por el INR, que es un verdadero caldo de cultivo para que ocurran hechos como el de Núñez o el del “Pelado”, quien fuera asesinado por otro recluso poco tiempo después del incidente que generó el último escándalo.
Quien ha estado dentro del recinto carcelario, no puede más que coincidir con las apreciaciones que realiza Petit en su informe. Luego de brindar los detalles generales del suceso denunciado, el Comisionado Parlamentario, menciona las características del Celdario 1 y el tercer piso, sector b –donde ocurrió el incidente-, antes de detallar su denuncia.
Explica Petit que el centro de reclusión “tiene tres áreas centrales. Dos de ellas se consideran de máxima seguridad: el Celdario 1, que es el viejo edificio construido en la primera mitad del siglo XX y de infausta fama por su uso como cárcel política durante la dictadura militar, y el Celdario 2, llamada habitualmente ‘La Piedra’, que es una construcción relativamente reciente erigida frente al Celdario 1, que sustituyó al también infausto módulo de ‘Las Latas’. El tercer sector lo constituyen las ‘Barracas’, un área de pabellones de mediana seguridad. En el Penal hay unos 1030 internos, de los cuales 760 están en el Celdario 1. En el tercer piso sector b, se alojan unas 50 personas”.
Sobre el Celdario 1, se extiende Petit diciendo que “es una gigantesca mole de cinco pisos, con una columna central donde se ubican en cada piso los ascensores, las escaleras y algunos salones para la guardia y de uso transitorio. A los costados, hay dos planchadas de unos 80 metros de largo, el sector A (ala oeste), y el sector B, ala este. La planchada también es muy ancha, y en cada uno de sus costados hay una hilera para 19 celdas, para dos personas cada uno, con una ventana, un escusado y una pileta. En la planta baja, en la zona central, está la oficina de la Guardia, el acceso a la cocina y un par de calabozos, usados como lugares transitorios. En los dos extremos de la planchada hay rejas. Cuando existe un incidente de proporciones, las Guardia se instala fuera de la planchada, del otro lado de la reja, para observar los hechos o bien disparar con munición no letal”.
“INHUMANO” | Recuerda Petit que en su Informe Anual 2017 “señalamos al Celdario 1 como uno de los lugares del sistema penitenciario donde existe ‘trato cruel, inhumano o degradante’. Eso es así ya que la casi total falta de actividades socioeducativas configura un agravamiento del impacto de la privación de libertad e implica un deterioro cierto de la personalidad, capacidades y potencialidades de las personas que allí se alojen para poder volver a vivir sin violencias en la comunidad. Quien se aloje allí va a tener serias dificultades para progresar, y probablemente salga liberado mucho peor de cómo entro”.
En ambos sectores, Celdario y sector 3º. B, “existe una extrema falta de funcionarios”, dice Petir, que añade que la mayoría trabaja en régimen de turno semanal, 12 horas de corrido más algunas horas, y luego descansan una semana, viajando luego a sus ciudades de origen. Estos, dice Peti, “tienen un enorme desgaste por la tarea realizada y la presión que tienen”.
La única actividad socioeducativa que existe es la educativa y se realiza en un salón pequeño convertido en aula en cada piso, de la que participa un número acotado de internos durante un tiempo, también acotado.
Luego dice Petit que “salvo la fajina y el reparto de alimentos que hacen algunos internos, ‘fajineros’ o ‘rancheros’ –tarea imprescindible para el funcionamiento de la unidad- no hay actividad laboral, formativa, de rehabilitación, cultural o de convivencia”.
EL OCIO MATA | “Al no existir actividades socioeducativas o culturales, o funcionarios preparados para interactuar con los internos, los funcionarios que allí están se limitan a lo custodial: verificar que estén todos, cerrar y abrir las puertas, trasladar los internos cuando deben salir a juzgado, hospital o visita; intervenir cuando se produce una anomalía o desorden”, agrega Petir, que luego hace mención al “Centro Médico” que funciona las 24 horas, realizando asistencia en emergencias, salud y salud mental, pero cuyo personal “es insuficiente para, por ejemplo, llevar adelante un real programa de atención a las adicciones o tratar ciertas afecciones de salud mental”.
Según Petit, “la falta de actividades socioeducativas hace que los internos pasen su estadía allí en un contexto de ocio forzado y tiempo perdido, razón por la cual, más allá de las diversas y complejas situaciones por las que llegaron a estar privados de libertad, el enfrentamiento y la violencia constituye el resultado natural de una convivencia en muy malas condiciones”.
“Se han vuelto crónicas las amenazas, los chantajes, los enfrentamientos cruzados, los daños a otros y sus respectivas venganzas que generan nuevos daños y nuevas venganzas, en una cadena interminables que se vuelve imposible de precisar en su origen. La violencia ha llegado tan alto, que muchos internos prefieren no tener visitas de familiares y pasar su privación de libertad sin contacto con el exterior, ya que el mero hecho de recibir visita puede transformarlo en un blanco de chantajes, amenazas o presiones, sobre ellos o sobre sus familiares”, dice en su informe Petit.
CONVIVIR | No habiendo actividades de sana convivencia, internos y funcionarios, en especial los que llevan adelante el manejo de cada sector, quedan como enfrentados en dos bandos contrapuestos. Cuando no hay convivencia ni cultura, cada persona tiende a elaborar una básica definición de su lugar y rol y, a continuación, identificar un enemigo. Así, ausente la convivencia y la cultura, cada interno se define como ‘preso’ y sus enemigos son o bien otros presos o ‘la guardia’. Sus custodias terminan arrinconados en una situación dicotómica parecida: son funcionarios y sus ‘enemigos’ son los presos.
Los hechos que desembocaron en la muerte de Núñez Santos, se dan porque no hay “reeducación”, solo “hay aseguramiento, custodia, control, lo que conforma un contexto de presión insostenible que periódicamente explota de manera diversas: enfrentamientos, motines, homicidios, suicidios. Y, más calladamente, en el deterioro humano de las personas privadas de libertad pero también de los funcionarios”.
PESE A TODO | Petit destaca la labor del director del centro de reclusión, “ya que con pocos recursos hace lo indecible por evitar males mayores y tiene múltiples iniciativas de mejora que no puede llevar adelante por elementalísimas falta de personal, recursos y logística” y del INR “para disminuir –con los recursos insuficientes con los que cuenta- la conflictividad existente en el Penal e impulsar acciones en favor de los pocos elementos disponibles para la rehabilitación en el lugar”.
Petit pone como ejemplo la realización de “un censo educativo” e identificación de “un listado de personas analfabetas o que piden acceder a educación”. También el Comisionado destaca “la tarea que realizan docentes de Educación Secundaria, de cuyo trabajo diéramos cuenta semanas atrás.
Según el Comisionado Parlamentario, el INR lleva adelante “un muy importante trabajo, desplegando pese a serias carencias presupuestales y logísticas, con gran esfuerzo de buena parte de su personal, nuevos programas técnicos y asistenciales. Sus responsables dan claras pautas operativas del cumplimiento de la legalidad, el combate a la corrupción y el trato adecuado, lo que ha mejorado las condiciones de reclusión en muchas unidades y sectores. Pese a eso, la complejidad de la tarea y las carencias acumuladas, llevan a que todavía subsistan prácticas que no deberían existir y hechos que –por error, omisión o actitudes dolosas-, dañan o cuestan vidas, generando malos resultados que se podrían haber evitado en beneficio de todas las partes”, comenta Juan Miguel Petit.
CIERRE | Pero el Comisionado Parlamentario no cree que haya solución en Libertad. Según quien tiene la misión de realizar el contralor del sistema carcelario, en el Celdario 1 de Libertad, “la falta de funcionarios o programas dedicados a tareas socioeducativas provoca una muy mala convivencia, donde afloran todo tipo de violencias y deshumanizaciones (enfrentamientos, autolesiones, amenazas, chantajes a las familias, agresiones entre personas o grupos). El tamaño y la estructura del Penal de Libertad hacen que en el mismo sea totalmente inviable gestionar una cárcel con mínimos estándares de derechos humanos y posibilidades de rehabilitación”.
“Su estructura edilicia impide la circulación, el desarrollo de actividades educativas, culturales, de tratamiento o deportivas. El Penal de Libertad sigue siendo un barco a la deriva cargado de violencia que el país no logra superar”, y por eso “acompañamos y subrayamos la voluntad del Ministerio del Interior de proceder al cierre del Penal, y comprendemos la dificultad de implementar esta idea dadas las carencias del sistema penitenciario y el desafío presupuestal y logístico que implica una determinación de esta envergadura”, dice Petit.
Posteriormente agrega que “es necesario avanzar con pasos concretos hacia el cierre del Penal y la adecuación de los otros sectores del mismo (Celdario 2 y Barracas), que pueden ser utilizados según mandan las normas y propone que “está muy buena idea planteada por las autoridades requiere, para tomar impulso, un trabajo inter institucional y un consenso parlamentario amplio para su implementación, para así cerrar un oscuro capítulo de nuestra historia. Quizás el contexto que provocó el hecho ocurrido el 9 de octubre, su desarrollo y lo que pasó luego que ocurriera el incidente, sean ahora una señal inequívoca –por si todavía faltara una-, de que es ineludible cerrar el Penal de Libertad y crear otros espacios para privados de libertad de máxima y media seguridad”.
Al cierre de su informe a los legisladores, Juan Miguel Petit, hace una serie de recomendaciones para evitar incidentes como el ocurrido con Núñez Santos. Una de esas recomendaciones será “seguir impulsando, tal como ya se ha planteado, el cierre del Penal de Libertad, creando a esos efectos un Grupo de Trabajo Interinstitucional y multidisciplinario que pueda establecer las primeras bases para estudiar la factibilidad próxima de esa medida, produciendo insumos para el proceso que implicaría la creación de una alternativa o varias alternativas al infausto penal, mantenido encuentros institucionales para contar con un amplio consenso para este movimiento. Asimismo, se recomienda llamar a un Concurso de Ideas para definir el destino (si lo tiene), del edificio del Penal.
Por Javier Perdomo
