Más de dos millones de pesos uruguayos debe la empresa fúnebre del diputado nacionalista y líder de la lista 50, Ruben Bacigalupe a la Intendencia de San José que encabeza su correligionario José Luis Falero (Ambos del sector Todos de Luis Lacalle Pou), según lo reveló un pedido de informes hecho por el edil del Frente Amplio, Pablo García, y que tenía como fin conocer el vínculo existente entre la funeraria y la comuna.
La millonaria deuda corresponde al impago de la «Tasa por Servicios de Cementerios». La empresa firmó un convenio en el mes de mayo de 2016 para pagar la suma, pero lo incumplió. En marzo del año pasado los adeudos ya superaban el millón y medio de pesos uruguayos.
Según expresa el convenio en cuestión, “el atraso en más de dos cuotas, traerá aparejado la caducidad automática” del mismo, “dando lugar a que el Gobierno Departamental de San José, reclame la totalidad de adeudado con las sanciones por mora y recargos actualizados, y a que se promuevan las acciones judiciales que correspondan”.
Más adelante en el documento se advierte que “en caso de producirse la caducidad”, no se autorizará “bajo ningún concepto” la prolongación de la prestación del servicio fúnebre hasta que la situación no se regularice. Según informó Bacigalupe en distintos medios, el monto acumulado se debe a dificultades económicas que se produjeron en la firma.
En el Diario “Visión Ciudadana” de San José de Mayo, el periodista Bruno Danzov, detalló que la empresa entregó solamente un poco más de 70 mil pesos, inicialmente 50 mil pesos para la firma del convenio y en agosto 23 mil pesos más que correspondía a la primera cuota. La deuda en aquel entonces era de 1.700.000 pesos uruguayos. De allí se desprende el incumplimiento del convenio por parte de ambas partes, de la empresa por no cumplir con el pago de las cuotas posteriores y del Gobierno Departamental por no adoptar las medidas previstas en el convenio.
Por su parte, el intendente de San José, José Luis Falero, a su regreso de China, rechazó que la decisión de la Intendencia de no actuar conforme a las medidas estipuladas por el convenio se deba a un trato preferencial por la afinidad política que mantiene con el Diputado por integrar el mismo sector.
En la pasada semana Pablo García denunció en medios capitalinos el amiguismo que “reina” en la administración de Falero. Asimismo advirtió que su sector continuará estudiando otras contrataciones de “empresas amigas de mandos medios de la comuna de San José”, según dijo a El Observador.
Falero argumentó a su favor que cualquier medida que se tome con respecto a la compañía podría afectar a toda la sociedad, teniéndose en cuenta que se trata de una empresa fúnebre. De todas formas confirmó que al día viernes el tema ya estaba en el área Jurídica “como corresponde” y que se aplicará “toda la normativa vigente”.
“Pueden haber atrasos como con cualquier ciudadano”, dijo Falero el viernes, en el marco de una conferencia de prensa que brindó para dar detalles de su viaje a China. El jefe comunal dijo que no sería la primera vez que pasa, debido al acostumbramiento por parte de “muchas empresas” del medio de “dejar siempre hasta el final o de reflotar convenio tras convenio”.
No obstante, el Intendente reconoció la existencia del error: “podrá discutirse por qué no lo pasamos antes, hasta ahí puedo asumir” -en referencia al pase de la situación al área jurídica de la ISJ-, pero dijo en ese marco que la responsabilidad es también del área jurídica por no haber actuado con inmediatez. “Cuando nosotros nos enteramos lo pasamos inmediatamente a jurídica, cuando vimos que no había voluntad”, dijo.
Falero agregó que desde la ISJ se actúa en base a la observación que hacen de la situación de los que se ven en situaciones de estas características, y dijo que no es intención del Gobierno Departamental “dejar a la gente sin trabajo por disponer un cierre”.
INVESTIGADORA | Para el edil del MPP, Germán González, la situación amerita que se conforme una comisión investigadora con el objetivo de conocer las razones que tuvo la ISJ para no aplicar las sanciones correspondientes a la empresa del legislador y si eso tuvo que ver por el vínculo político entre ambos actores políticos.
La bancada del Frente Amplio buscará saber, además, si se debe a una situación particular o si ese proceder es habitual desde el Gobierno Departamental. Desde Alianza Nacional, el sector de Carlos Daniel Camy en el nacionalismo, algunos ediles opinan que ese no sería el mecanismo adecuado, y se inclinan a efectuar el llamado a Sala de la Dirección de Hacienda. El pedido de González para la formación de la comisión investigadora se efectuó en la Junta Departamental, en la sesión del día lunes 9 de octubre, al cierre de esta edición.
También el lunes trascendió en distintos medios que Alianza por San José podría enviar el caso al comité de ética del Partido Nacional. No obstante, esperarán a conocer los resultados de la investigadora en caso de que la misma se conforme. Según el Diario “Primera Hora”, el sector liderado por el Senador Carlos Daniel Camy estudiará si el accionar de la ISJ fue el apropiado pese a que el Intendente negó esa versión. La Semana consultó a varios ediles de ese sector sobre la medida, sin embargo ninguno lo confirmó.
El pasado viernes, la empresa suscribió nuevamente un convenio con la comuna para cancelar la deuda. La entrega inicial correspondió al 10% de la misma y posteriormente deberá la suma de 32 cuotas de 60 mil pesos, aproximadamente.
RESPUESTA DE BACIGALUPE | Al cierre de esta edición, el diputado Ruben Bacigalupe daba una conferencia de prensa para explicitar su posición ante la polémica generada. El Representante Nacional dijo que la deuda se generó por dificultades financieras y también negó que la Intendencia tenga un trato preferencial con él.
Luego acusó a Alianza por San José de estar detrás del pedido del edil frenteamplista Pablo García. “El dato inicial lo dieron ellos”, dijo Bacigalupe, quien dijo que hay intencionalidad del otro sector de su partido de desprestigiarlo a él y a la administración del Intendente Falero.
Respecto a la posibilidad de crear una comisión investigadora planteada por el Frente Amplio, dijo que mandató a sus ediles a acordar con la bancada frenteamplista la conformación de la comisión, pero para analizar la actuación de todas las administraciones nacionalistas desde 1984 en adelante, lo que implicaría analizar la actuación de las administraciones de Juan Chiruchi.
Respecto a la posibilidad de ser llamado a la Comisión de Ética del Partido Nacional, dijo que sería interesante que también fuera llamado el senador Carlos Daniel Camy por su actuación en Ancap.
Por Katherine Martínez
