No hay como estar en medio de una transición de gobierno para que la calma chicha que caracteriza al primer mes de cada año en Uruguay desaparezca y todo pase con una rapidez difícil de concebir, justo en un país en el que para decidir cada cosa nos tomamos todo el tiempo del mundo. Algo así está ocurriendo en este enero de 25 y desde la óptica del escriba de pueblo es que ello será abordado en esta columna, si es que usted tiene a bien saltar al siguiente párrafo y acompañarme en el camino a emprender de ahora en más.
Parece que mi capacidad de percepción de las señales que brindan los dirigentes políticos está fallando bastante. ¿Por qué? Es que estaba convencido que el presidente Lacalle Pou estaba pulseando al futuro gobierno pero que al final dejaría sin firmar el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para construir la planta potabilizadora y un pólder o reservorio de agua en la zona de Arazatí, a partir del proyecto que se ha dado en llamar Neptuno. ¿Qué por qué pensé que no lo firmaba? Y, bueno, vio que Luisito tiene deseos de regresar en 2029, vaya a saber uno de qué forma podría cobrarle al FA que no hiciera lo que él le dejó pronto en una futura campaña electoral.
Pero me equivoqué y al final lo firmó, bueno, en realidad lo hizo firmar, porque en el acto protocolar estaban los empresarios -que se aseguraron un fondito de 45 millones de dólares anuales por 18 años por hacer la mole-, el Presidente y la Vicepresidenta de OSE, el Secretario y la Prosecretaria de Presidencia y el Ministro de Ambiente. Si bien es cierto que en lo formal no tiene por qué estar presente el Presidente, en la firma del contrato de un proyecto que dijo que para su administración era clave, era esperable que estuviera. Pero no estuvo y al final me quedé pensando en aquello de tirar la piedra y esconderse.
Ni usted ni yo sabremos nunca los lazos que atan al gobierno saliente con los mandamases de las empresas que integran el consorcio privado que hará el Neptuno (para lo cual tomarán deuda con organismos internacionales, con garantía del Estado uruguayo, igual que lo podría haber hecho el mismo gobierno), lo cierto es que este apuro final no deja dudas que más allá de las necesidades del país, había algo más; no es la necesidad de agua para Montevideo la que apura, es algo más. El grado de compromiso de cada autoridad firmante resulta imposible de determinar para un pobre mortal como uno, pero no me quedan dudas que hay más que agua. El apuro por firmar, no deja dudas.
Eso sí, además de los intereses meramente económicos, hay detrás de esta decisión una concepción del Estado, que quieren dejar instalada antes de irse. El Neptuno genera una brecha legal por la cual en el futuro podría seguir introduciéndose el capital privado al negocio del agua, algo que está prohibido por la Constitución de la República a partir del plebiscito de 2004, que estableció que en Uruguay el agua es un derecho humano y que el proceso de toma, distribución y comercialización del vital elemento debe estar únicamente en manos del Estado. El proyecto de Ruibal y sus socios ingresa en la etapa inicial de la prestación del servicio y de no tener una administración firme que haga respetar lo que dice la Constitución, pueden surgir otros “Neptunos” que lleguen hasta la prestación efectiva del servicio de distribución de agua a los hogares uruguayos. Es que los leguleyos, siempre le encuentran la vuelta y donde dice no, le encuentran el sí, como pasó en el caso neptuniano.
Pero además de abrir la posibilidad de participación de privados en el agua, el herrerismo con nuevos nombres que fue derrotado en las urnas hace un par de meses, quiere dejar impuesta su visión del Estado al irse. Como usted habrá visto, en el mes de diciembre del año pasado (ya en plena transición), se avanzó en la firma de un memorando de entendimiento para la eventual futura producción de hidrógeno verde en Uruguay (oh casualidad, el agua juega un rol fundamental en su producción), en el cual se deja explícito que el Estado uruguayo renuncia a la posibilidad de quedarse con un pedazo de la torta de guita que se supone que dejaría ese negocio.
Según lo que entendí -no me haga mucho caso, más bien busque por su cuenta-, en los documentos iniciales que se acordaron con las firmas extranjeras que quieren desarrollar el proyecto en el país, se establecía que un 30% de la inversión la podía hacer el Estado uruguayo (a través de Ancap o UTE), con la consecuente ganancia que eso dejaría. Pues bien, en el documento final que firmó el gobierno renunció de forma explícita a esa posibilidad porque, dijo la ministra de Industria Fazio, el gobierno entiende que deben ser los privados los que desarrollen esos negocios y que el Estado no debe participar.
Está bien, es una forma de ver el mundo y tiene el gobierno saliente derecho a expresarla, el asunto es que ahora no debería intervenir sobre la realidad, porque su gobierno no fue ratificado en las urnas y finaliza ya; a lo que debería abocarse es a únicamente administrar la realidad, a la espera del cambio de mando del 1º de marzo.
Es cierto que son políticas consecuentes con lo que han hecho en el período que está terminando; durante los cinco años han ido limitando la participación del Estado en la economía. Como el uruguayo promedio es reacio a las privatizaciones y el lacallismo eso lo sabe bien (ya que perdió todos los plebiscitos y referéndums privatizadores), la estrategia ha sido ir desmantelando las empresas públicas de a pedacitos. Un poco en Ancap, un poco en Antel, también en la UTE, bastante en OSE con esto del Neptuno. La negativa a participar del negocio del hidrógeno verde se le puede sumar a esa lógica.
Le insisto, es una visión válida la del gobierno saliente, por más que este escriba no la comparta (defiendo a ultranza la intervención estatal en la generación de riquezas, que luego se orienten a favorecer a los de abajo), pero el nudo acá es que el gobierno está tomando decisiones que comprometen al país, luego de perder las elecciones con una fuerza política que respecto al rol del Estado tiene una visión bastante diferente a la suya, por más que quieran hacer ver como que no hay mucha diferencia entre los unos y los otros. En cuanto al rol del Estado hay muchas y ellos lo tienen claro.
Ahora, eso sí, cuando se trata de sacar provecho para los dirigentes políticos y militantes de los partidos coaligados, el Estado les sirve. En este apuro que tienen por hacer cosas antes de irse, han concretado la presupuestación de centenares de cargos de confianza que ingresaron en el correr del período que está culminando.
Como usted ya sabe, la presupuestación de un funcionario público implica su inamovilidad. El mecanismo establecido por ley buscaba evitar que cuando asumía un nuevo gobierno no echara a todos los funcionarios que habían ingresado en el anterior período, de forma de evitar que el funcionamiento estatal fuera un caos cada cinco años. Pero como siempre, hecha la ley hecha la trampa, por lo cual el gobierno entrante va a tener que meter mano en estos temas. “¡Bajen el costo del Estado!” han gritado desde hace años. Eso sí, habría que agregarle que en el fondo quieren que lo bajen menos cuando los beneficia ese Estado tan cuestionado.
Apurado como el gobierno saliente le dejo. Es que ya no tengo más espacio para escribirle. Si así le parece en una semana estamos de vuelta por acá.
Imagen tomada de la web.
Por Javier Perdomo.