Cortés: “nuestra hipótesis siempre fue que desde la Junta Departamental salió plata para financiar campaña de la lista 50”

El pasado miércoles 27, el diario Primera Hora de San José informó que en esa misma jornada la fiscal Reneé Primiceri presentaba ante la Justicia de San José de Mayo, el procesamiento sin prisión del ex presidente de la Junta Departamental josefina en el período 2013 -2014 Nelson Petre y de su ex secretario Alexis Bonahón por el delito de “abuso de funciones”.

La imputación de la Justicia se da a partir de haber constatado que durante la gestión hubo varios actos arbitrarios en perjuicio de la administración, según lo establecido por el artículo 162 del Código Penal. Según el proceso habitual, ahora serán los indagados los que podrán hacer una defensa escrita, que llegará al Juzgado, seguramente, una vez que haya terminado la Feria Judicial menor. A la llegada de los alegatos de los acusados, el expediente pasará a estudio de la jueza Marcela Sena, que tendrá 45 días para expedirse, por lo que se espera que en dos meses, haya un dictamen al respecto del polémico caso.

Según lo informado por el matutino de San José, de concretarse el procesamiento, ambos imputados tienen definido apelar y que el tema pase a un tribunal superior, por lo que la dilucidación de este embrollo político y judicial se dilatará en el tiempo.

ANTECEDENTES | Fue a días de las elecciones nacionales de 2014, que el también ex edil y presidente de la Junta Heber Berto, presentara una denuncia por posibles manejos inapropiados de fondos del deliberativo por parte de los ya mencionados Petre y Bonahón.

Esa fue la decisión del cuerpo de ediles, tras los informes de la actuación de la Comisión Investigadora que se había conformado a poco de haber asumido Berto y encontrar todos los rubros de gasto del presupuesto, totalmente excedidos.

Aquella comisión la integraban los ediles faleristas Sebastián Ferrero (hoy Director de Descentralización), Rafael Diringer (no fue candidato nuevamente), junto al aliancista Gonzalo Simonne (que no fue reelecto), y los frenteamplistas Javier Gutiérrez (aún en su banca), y el libertense Pablo Cortés, quien no resultó reelecto en 2015.

En 2014, Cortés fue uno de los impulsores de la investigadora que encontró elementos como para mandar los antecedentes del caso a la Justicia, que ahora está por dictar sentencia y recientemente divulgó una carta en la que cuestiona cómo va llevándose el caso.

DICHOS | En diálogo con La Semana, Cortés comentó que si bien no ha seguido judicialmente el tema, más allá de escuchar o leer lo que se dice en la prensa y tener contacto con otros integrantes de aquella comisión, dijo creer que “las derivaciones que tuvo el caso no son las que nosotros esperábamos que tuviera. Como Frente Amplio cuando nosotros presentamos la solicitud de comisión investigadora, dijimos que teníamos una hipótesis de trabajo, pero la investigación de la justicia se ve que va por otros lugares. Nuestra hipótesis era que de la Junta Departamental había salido plata para financiar la campaña de la lista 50 del Partido Nacional.

Al referirse a lo que fuera el trabajo de aquella comisión, dijo Cortés que “lo que nos pasó como Junta fue que avanzamos hasta donde pudimos pero no pudimos comprobar cosas contundentes más allá de las conjeturas que manejábamos, porque como investigadora había ciertos actores e información a los que nosotros no podíamos acceder y obvio que no podíamos interrogar a nadie coercitivamente”.

“Cuando solicitamos la derivación a la Justicia de lo investigado fue en el convencimiento de que se estudiara este aspecto de lo que denunciamos, es decir, para donde se había ido plata de forma irregular”, dijo Cortés, que luego añadió que “ahora veo que se está solicitando el procesamiento de Bonahón y Petre por abuso de funciones, pero es un delito que es absurdo que se siga usando porque es un chicle; los delitos en que se podría llegar a enmarcar como abuso de funciones, ya existen en otros delitos, por lo tanto no tiene sentido que se los enmarque y todo lo demás”.

En opinión del ex Edil frenteamplista, “Bonahón y Petre no hicieron más que administrar los dineros públicos como venían administrándose desde hace tiempo. Desde 1985 o antes hasta el presente, la Junta tuvo como contador asesor al mismo contador de la Intendencia y el Tribunal de Cuentas tenía como contador delegado al contador de la Intendencia”.

“Bonahón no miente cuando dice que lo que hizo fue continuar con la forma administrativa que tenía la Junta Departamental desde 1985. Me resulta injusto que caigan solo Bonahón y Petre, en el mismo período de gobierno, desde varias presidencias anteriores ya se venía con los mismos déficits, con rubros sobrevaluados, entonces por qué la investigación se centra puntualmente en esos actores”, dijo Cortés, que considera que como integrante del Frente Amplio “me molesta que hayamos terminado siendo una herramienta útil de una disputa política dentro del Partido Nacional, ante esta situación de procesamiento que lo entiendo injusto”.

MEDIDA EJEMPLARIZANTE | “Acá la Justicia no está diciendo hay un sistema administrativo que tenemos que modificar para generar más transparencia, solo se dice que acá hay dos cabezas de turco que hay que hacer rodar para que sea ejemplarizante”, añadió.

Recordó luego que “él plantea la formación de la comisión investigadora en base a un informe que dice que de tres presidentes para atrás teníamos los rubros excedidos, había plata para comprar un auto de alta gama y no sabemos donde está, la plata de una fotocopiadora de última generación y no sabemos donde está y eso se da terminando la Presidencia de Petre, pero ya (Fredy), Fabre y (Gonzalo), Geribón (presidentes anteriores) presentaban los mismos números. La forma de administración era exactamente igual, desde 1985 hasta la fecha. ¿Qué cambió? Cambió la correlación de fuerzas en el Partido Nacional”, dice Cortés que recordó que “la denuncia a la Justicia se presenta tres días antes de las elecciones nacionales”.

Por último, cuestionó “la utilización de la herramienta justicia para dirimir temas políticos y la dificultad de separar a la política de la Justicia, con todas las implicancias que eso tiene, porque estamos hablando que una cosa es dirimir un tema político a jugar con la libertad de algunas personas para dirimir un tema político, no sé si es justo o sano para una democracia”.

Por Javier Perdomo.