Álvaro Jaume y su negativa visión sobre la ley de riego

Como parte de la campaña de difusión de una charla abierta que se cumpliría -en principio este viernes 8 de junio a partir de las 19 horas en Casa de la Cultura de Libertad, el integrante de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida Álvaro Jaume, recorrió los medios de comunicación locales, tratando de explicar por qué el movimiento que integra, está reuniendo firmas para llevar a referéndum ciudadano, la vigencia o no de la ley 19553 o Ley de Riego, que aprobara el Parlamento Nacional en 2017, con la oposición de tan solo tres legisladores, motivo central de la charla a realizarse en la institución cultural.

Álvaro Jaume es un reconocido militante ecologista de Canelones, que hace dos años participa de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, pero que desde mucho tiempo atrás viene con una defensa decidida de la tierra. La Asamblea Nacional Permanente, participa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que es la que está promoviendo llevar a referéndum a la ley y que desde 2004, ha velado por la vigencia de la norma incluida en la Constitución respecto a que el agua es un bien común y no puede ser mercantilizado y/o privatizado.

Antes que finalice el mes de octubre del año en curso, deberían los promotores del referéndum reunir casi 700 mil firmas (el 25% del padrón electoral), para qué, una vez verificadas las rúbricas por la Corte Electoral, se llame en una fecha determinada a referéndum para que los uruguayos digamos Si a derogar o No a derogar la Ley de Riego.

REFERÉNDUM | Álvaro Jaume comenzó explicando a La Semana por qué definieron este mecanismo para intentar derogar la ley 19553. “Lo que hemos aprendido en las luchas sociales es que cuanto antes se logre evitar que algo se aplique, es más fácil de ponerle freno, una vez que la norma está instalada, funcionando, es mucho más complicado lograr cambios. Nos está pasando con la soja, ya estaba, entonces no es solo que es la vedette de un modelo, de un tipo de economía, sino que ya está funcionando, es mucho más complicado que se diga no”.

Por eso es que “queríamos evitar tener que esperar a las elecciones de 2019 y además nos parece mucho más claro mostrar que una Constitución que defiende el agua como bien común, artículo 47 -efecto del plebiscito del 31 de octubre de 2004-, no hay que reformarla. “Esta ley es inconstitucional por definición, en relación a ese plebiscito y por lo tanto lo que hay que hacer es derogar una ley que es inconstitucional. Por eso la clave es ir a un referéndum lo antes posible, incluso antes que se reglamente la ley”, dijo Álvaro Jaume, que profundizó su idea diciendo que “no queremos reformar la Constitución, está magistral, lo que queremos es que no se le inventen leyes que van en contra de lo que los uruguayos tenemos establecido en la Constitución”.

Al ser consultado sobre cómo viene la campaña de recolección de adhesiones, dijo Álvaro Jaume, que la Asamblea Nacional Permanente (ANP), está integrada por unos 30 colectivos sociales, que coordinan acciones en todas las luchas ambientales y en esta también están junto. “En nuestra tarea de recolección de firmas, nos hemos topado con un componente de desinformación de la gente muy importante, porque la ley de riego no fue muy difundida. La gente no tenía claro qué era la ley, cuándo se había aprobado ni que decía”, pero sin embargo, cuando se lo explicamos de inmediato nos damos cuenta que hay una enorme sensibilidad a defender el agua como bien común, es increíble como la gente se sensibiliza cuando le hablamos del agua, por algo ganamos el plebiscito de 2004 con más del 63% de los votos, incorporando al agua a la Constitución como un bien común y no solo propiedad de todos, sino también de gestión pública”.

Por eso es que una vez que uno explica la ley, la gente firma enseguida”, comentó Álvaro Jaume, que informó que para difundir los alcances de la norma debieron hacer un folleto explicativo.

En síntesis, dijo Jaume, “sentimos que tiene eco la recolección de firmas, pero nos faltan brazos, porque lograr el respaldo del 25% del padrón electoral no es tan sencillo”.

RAZONES | Uno de los aspectos en que más hincapié hacen los defensores de la ley, es que ya existía una ley de riego y que lo que hace la votada en 2017 es mejorarla. Al respecto, Álvaro Jaume, tiene una visión bien distinta. La ley 16858 de 1997, gobierno de Sanguinetti, antecedente de la que nosotros estamos impugnando -la 19553-, me animaría a decir que es progresista y revolucionaria al lado de la nueva, porque tenía dos figuras claves que son ahora modificadas”, comenzó diciendo Jaume.

Las sociedades agrarias de riego de la ley Sanguinetti -la figura jurídica que concentra la decisión de quién va a manejar el agua-, decía que debían estar integradas por productores rurales, esta nueva ley en su artículo 3 la modifica y establece que las sociedades agrarias pueden estar integradas por cualquier fondo de inversión nacional o extranjero, autorizado por el Poder Ejecutivo. Si aquella ley ya tenía un espíritu de mercantilización del agua, que va en contra del espíritu del agua como bien común, ésta lo es más”, opinó Álvaro Jaume.

Luego continuó diciendo que “la segunda cosa grotesca de esta ley nueva, es que la ley Sanguinetti, no habilitaba a dejar sin agua al productor asociado al regadío, era parte de una concepción más socializante del manejo del agua, pero el artículo 12 de la ley 19553, agrega otra figura al mercado, el operador de riego. O sea que ahora tenemos el fondo que invierte, un operador de riego que gestiona y el productor que usa el agua. Y la ley 19553, establece que si uno no paga, le cortan el agua, lo dice expresamente claro o sea que es más regresiva”.

En opinión del integrante de la ANP, esta “es una ley a medida del modelo del agronegocio a gran escala, que perfecciona el espíritu privatizador y mercantilizador del agua”.

MODELO | El dirigente de la ANP dice que esta ley está pensada para los productores de soja. “El Uruguay llegó a tener en 2015 más de un millón trescientas mil hectáreas de soja, la vedette de un modelo de economía que no tiene nada que ver con el Uruguay productivo, con la promoción de su industria; es primarizador y extractivista; vamos arriba, el granito de soja se va para China, sin ninguna participación de la industria nacional, como iban a hacer con el hierro y hacen ahora con el ganado”, dijo Jaume.

En ese esquema primarizador y extractivista, juega un gran papel el desarrollador del agronegocio, que es el especulador, el inversor, es un tipo que está al golpe del precio de los commodities. Son fondos de inversión que quieren rentabilidad inmediata y sabemos que la soja duplica su rendimiento si se riega y el maíz hasta casi puede triplicar su rendimiento, por eso esta ley es a medida de los sojeros, de los que manejan granos transgénicos. La medida es la gran escala del empresario que maneja el agro, no como uno, que es productor familiar”.

El dirigente del movimiento ecologista cree que con esta ley, al productor chico lo “mataron. Quiénes van a invertir en armar un buen represamiento, va a ser un gran empresario, que va a cobrar, va a negociar, a manejar todo, va a trabajar con los grandes productores, como el ex ministro Aguerre, que tienen miles de hectáreas plantadas”.

Opinó también Jaume que a medida que pasa el tiempo y la discusión se profundiza, dentro del propio Frente Amplio hay legisladores que empiezan a pensar que “hubo apresuramiento en votar la ley, ha ido creciendo esa idea, incluso se nos planteó que en la reglamentación se podían cambiar los aspectos más polémicos de la ley, pero nosotros decidimos que no, que había que ir por el referéndum”.

El dirigente ecologista se preguntó “qué temor tenemos al ejercicio directo de la ciudadanía, si estamos tan equivocados los que decimos que esta ley no debe aplicarse, que sea la ciudadanía la que lo defina. Dennos la posibilidad, es una instancia democrática que nos hace mucho bien como país y bien vale la pena”.

Por Javier Perdomo.